Declaración de intenciones.

Basta.

Sentimos atacada, como miembros de la ciudadanía, nuestra esfera de privacidad. Sentimos que se viola nuestro derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, y que se pisotean nuestras libertades individuales.

Hablamos, cómo no, de la reciente subida del impuesto sobre el tabaco. Cada año se nos aprieta más, se nos hace pagar muchísimo más y, a la vez, se nos restringen los lugares en los que podemos fumar. A partir de enero, ni siquiera se nos permitirá fumar en la puerta de nuestra facultad cuando salgamos de clase, o tendremos que irnos a la otra acera si tenemos a un familiar en el hospital, o pelarnos de frío en invierno porque los hosteleros no tendrán permitido dejarnos entrar "a no ser que su local tenga sólo dos paredes y un techo".

Esto es discriminación. Tiene que serlo. No lo vemos moralmente justificable, no lo vemos lógico, no lo vemos justo. Atenta contra los principios fundamentales de un Estado social, democrático y de derecho como se supone que es España.

Porque estamos cansado de tener que justificarnos por fumar cuando al Gobierno le va magníficamente bien que lo hagamos, porque así puede cubrir esos agujeros inmensos en la financiación, tarea que tan sumamente mal se le da.

Por eso suplicamos que se nos ayude, se nos escuche y se nos defienda:

•  Reivindicando nuestro derecho como fumadores a realizar una conducta plenamente legal y a no sentirnos, por ello, rechazados por la sociedad. 

• Proponiendo una liberalización del sistema de venta del tabaco, que permita equilibrar los precios y desarrollar el mercado de este producto en España de una forma acorde a los principios rectores de la economía que nos rige.

• Exigiendo la flexibilización de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias sobre el tabaquismo, así como de todas las regulaciones y Reales Decretos de ella derivados, y la retirada de la reforma sobre esa Ley, que entrará en vigor en enero del año que viene.

• Entendiendo que flexibilizar implica convertir esa Ley en una Ley de máximos, y no de mínimos, permitiendo que sean las Comunidades Autónomas las encargadas de regular el sector a su entera discreción.

• Demandando que, desde los medios de comunicación públicos,  se promueva la idea de que los fumadores no son parias de la sociedad, sino que ayudan en gran medida al sostenimiento económico del Estado y, por descontado, tienen derecho a ser tratados como ciudadanos y ciudadanas con los mismos  derechos y deberes que el resto.

Los fumadores y fumadoras de España, a diciembre de 2010.